Durante el período 1985-1990, España vivió los esplendores de su primer gran milagro económico postfranquista. Cada semana aparecía un estudio que situaba a esa España europea del gran despegue en las cotas más altas de crecimiento económico, dándole a ese proceso el carácter oficial de "milagro" económico, tal vez para ocultar o ignorar el auge que el desarrollismo internacional proporcionó a la falsa autarquía de los años cincuenta y sesenta.
Uno de esos informes, editados en 1988, fue el de "The Economist Intelligence Unit" estadounidense, que vaticinaba que la inversión extranjera financiaría los siguientes cinco años de la economía española; que un colchón de reservas amortiguaría el impacto del proceso de integración europea y la recesión previsible para los años 92/93, y que, mediada la década, "será necesario un ajuste para corregir los desequilibrios del período". También auguraba que las áreas de mayor expansión estarían asociadas al turismo y a la industria de servicios financieros. Todo un panorama.
Los dirigentes que controlaban entonces la economía española tenían otra opinión.
"No habrá crack internacional, España seguirá creciendo, camino del estado del bienestar" (Miguel Boyer, 1986). "España es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa y casi de todo el mundo" (Carlos Solchaga, 1988).
Las bases de ese "milagro" hay que buscarlas en la cara oculta de los indicadores macroeconómicos. España soportó el ajuste de su economía para lograr reducir la inflación y estabilizar su moneda de cara a su ingreso en Europa. La filosofía neoliberal tecnocrática puso en marcha una conducción rigurosa y aséptica que concluyó en un efecto fundamental sobre la sociedad: desmanteló el marco laboral existente, no sin concesiones de los sindicatos. Las condiciones sociales de la mayoría de los españoles fueron relegadas para que los agentes económicos (grandes empresarios, importadores, banqueros, principalmente) lograran realizar su propio proceso de acumulación (la banca obtuvo beneficios que superaron los 730.000 millones de pesetas en el trienio 86-88). Un ejemplo de esos excesos: el 28 de diciembre de 1993, el Banco de España, entonces gobernado por Luis Ángel Rojo, decidió la intervención de Banesto y el relevo inmediato del equipo de administración encabezado por Mario Conde. El Gobierno presidido por Felipe González -un gabinete en el que Pedro Solbes era ministro de Economía- le prestó pleno apoyo. Los inspectores del instituto emisor estimaron que la entidad bancaria presentaba un 'agujero' de 605.000 millones de pesetas, poco más de 3.000 millones de euros, originado por la concesión de créditos en condiciones dudosas y una serie de operaciones poco claras que acabaron por llevar a Conde a prisión. Pocos años antes, Mario Conde había sido destacado como un modelo ejemplar de empresario triunfador en esa cultura económica que propiciaba el éxito fácil por caminos oscuros.
El resultado de ese proceso fue determinante. El costo social de la entrada en Europa y de los fuegos artificiales de la estabilidad inflacionaria convirtió a España en un enorme monumento sobre cimientos de arenas movedizas (las inversiones extranjeras directas y las financieras propensas a volar cuando las condiciones no les fueran favorables). Asimismo el costo social se tradujo durante los cinco años “milagrosos” en un aumento de la precariedad laboral: el 21,3 por ciento de las plantillas estaban integradas por personal con contratos temporales y un número indeterminado (se especulaba con 1.500.000) de trabajadores irregulares, bajo régimen de economía informal; y también en un aumento constante del desempleo cuyo punto principal fue la reconversión industrial, piedra angular del "ajuste Boyer". Según un informe de la central sindical UGT, anterior a la huelga general del 14 de diciembre de 1988, cerca de 11 millones de españoles vivían con rentas anuales inferiores a las 500.000 pesetas.
En opinión del economista Pedro Voltes "es ya tópica la tesis de los estudiosos del desarrollo de que los costes de un crecimiento excesivo son siempre gravosos y han de ser necesariamente pagados por alguien. Esto último suele ocurrir con la amargura adicional de que los paguen otros grupos diferentes a aquellos que han gozado del crecimiento y en una época posterior a la de éste".
Foto: Mario Conde, presidente de la entidad financiera Banesto hasta diciembre de 1993. Meses más tarde fue procesado y encarcelado por diversos delitos financieros.
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