
La inestabilidad política y económica ha sido una característica de los países latinoamericanos desde sus procesos de independencia, durante el siglo XIX, hasta la actualidad.
El siglo que transcurrió entre 1880 y 1980 fue una progresiva, intensa e inclaudicable lucha de los Estados Unidos (Estado y empresas) por penetrar en los territorios del centro y sur de América con la intención de explorar y obtener buena parte de sus riquezas naturales y humanas, controlar sus movimientos políticos, económicos y sociales y exportar su cultura. Los gobiernos y empresas estadounidenses y también las europeas contaron para esa empresa con el invalorable apoyo de sectores nacionales de gran poder económico y político que crearon las condiciones más favorables para las inversiones externas, en perjuicio de las economías nacionales y mediante altas cotas de corrupción.
La década de los ochenta del siglo XX, equivocadamente llamada "la década perdida", por primera vez en cien años, supuso un éxito absoluto a la política exterior latinoamericana de los Estados Unidos sin promover golpes de estado, a excepción del conflicto de Cuba y la intervención en la "caldera Centroamericana".
Las décadas anteriores se había impuesto la fuerza sobre la razón. La más cruda aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, interpretada por camadas de oficiales latinoamericanos distinguidos en el estudio de la lucha contrainsurgente, por la elaboración de precarios modelos autoritarios de poder, eficaces en la limpieza ideológica de la sociedad, a través de los métodos más cruentos y horrorosos y en la adopción de medidas económicas favorables al establishment.
La batalla de los ochenta se libró, sin embargo en otros campos. Altos mandos militares, desquiciados por el poder, resultaron una inútil sobrecarga para los planes estadounidenses. Las dictaduras dejaron naciones diezmadas económica y socialmente. Además de las fugas de capital y la erosión moral y ética, se produjo la descapitalización humana: emigraron millones de latinoamericanos, muchos de ellos profesionales de gran valía. En ese páramo latinoamericano, en el que sólo subsistieron los representantes de las ex oligarquías agrícola ganaderas de antaño, hoy reconvertidas a las prácticas financieras, se gestó el modelo blanco. Su estructura sencilla permitió la aplicación rápida y efectiva en campo abonado. Democracia y Economía de Mercado, era la fórmula del nuevo modelo neoliberal. El advenimiento de las democracias formales en América Latina, la mayoría de ellas nacidas con graves defectos de forma y de fondo, fueron legitimadas con un gesto inconfundible: el ex Secretario de Estado estadounidense, James Baker, garantizó a los presidentes democráticos, que "no habrá un sólo dólar más para financiar golpes de Estado en la región; y si éstos se producen sin nuestro conocimiento, aseguro su aislamiento para abortarlo inmediatamente". La contrapartida era la promesa de implantación y progresivo avance aperturista de las áreas económicas controladas por el Estado (privatizaciones), liberalización gradual del mercado exterior, la aceptación de rígidos planes de estabilización que permitieran invertir la tendencia de los índices macroeconómicos y el cumplimiento del pago con los deudores externos.
La democracia se constituyó entonces para los latinoamericanos en la legalidad como un seguro de vida, después de tantos años de ley del Talión a cargo del terrorismo de Estado. La economía de mercado era la esperanza para la región de "alcanzar el último tren del desarrollo".
Todos los gobiernos instaurados a finales de los años ochenta en la mayoría de los países latinoamericanos sea cual fuere su cartel ideológico pusieron en práctica el ajuste capitalista más salvaje que se recuerde en la región: desde la social democracia boliviana y venezolana, a los liberalismos brasileños, colombianos, chilenos, el llamado "peronismo" argentino; el "priismo" mexicano y los gobiernos conservadores de Centroamérica surgidos de la pacificación de la región.
El ajuste registrado en Latinoamérica durante los años 80 se ha basado en una receta muy precisa: la transferencia externa de recursos; programas fiscales contractivos; la potenciación de las exportaciones; la liberalización de los mercados internos con rebajas sustanciales de aranceles y aunque en muchos países los resultados se encaminaron hacia la rebaja de los índices inflacionarios y a una cierta estabilidad (denominada "milagro"), los costos sociales pusieron en entredicho la efectividad del proceso referida al mejoramiento del bienestar general de las poblaciones, a excepción de reducidos grupos productivos y financieros que se vieron beneficiados por el ajuste.
Chile comenzó a aplicar su ajuste durante la dictadura del general Pinochet, a finales de los setenta. Fue un proceso prolongado, al igual que los generados en Bolivia y México a mediados de los ochenta. En Chile el efecto directo fue el mantenimiento de tasas de desempleo muy elevadas (alcanzaron el 35 por ciento de la población activa) durante el período 1976 - 1988 y del 27 por ciento entre 1988 y 1992. En Bolivia una dramática y acelerada reconversión de la industria y el desempleo masivo que provocó la práctica desaparición del sector minero y metalúrgico boliviano, donde se produjo el despido del 80 por ciento de los trabajadores de esas áreas económicas. En México y Argentina la caída del salario real fue de un 25 y un 30 por ciento entre 1980 y 1990, mientras que en Perú y Venezuela el descenso de esa cifra fue del 50 por ciento. Los rigurosos planes de austeridad y contención del gasto público se tradujeron en todos los países del área en una reducción del gasto social per cápita (salud y educación preferentemente) de un 20 por ciento, como cifra promedio.
La etiqueta de "milagros" latinoamericanos se aplicó a los resultados macroeconómicos de esos ajustes duros y prolongados que afectaron, preferentemente, a los sectores socialmente desfavorecidos: vale decir, bajo nivel inflacionario (para países que en muchos casos sufrieron cotas de hiperinflación absolutamente desequilibrantes durante los años ochenta), alza de las exportaciones, crecimiento positivo y reducción del déficit público. Sin embargo los beneficiados por estas nuevas condiciones que tienden a la concentración de bienes y capitales en lugar de su redistribución equitativa entre los diversos sectores sociales, son minorías que han quedado integradas en un circuito productivo reducido al que no tienen acceso las grandes mayorías. Un alto porcentaje de la población disponía de trabajos precarios, sin coberturas sociales; vivía en estado de pobreza marginal o vinculada a un importante circuito de economía informal como único camino hacia la supervivencia.
Foto: Vista de una favela en la ladera de un morro, en Río de Janeiro. Agencia bk.











